Estudios de caso evidencian la realidad de los APR de Ránquil

Las investigaciones realizadas junto a cuatro comités de agua rural revelaron las carencias institucionales y organizativas que viven las comunidades del secano de Ñuble, sumada a la falta de agua que mantiene a parte importante de su población abasteciéndose con camiones aljibes, pese a contar con plantas de captación y tratamiento de aguas.

Los resultados de estas indagaciones fueron expuestos durante el Seminario: Estudios de Caso para comprender y abordar la crisis hídrica en Ránquil; y entregados a los comités y a representantes de la Municipalidad de Ránquil por parte del equipo del Sistema de monitoreo para la participación local en la gestión integrada de cuencas – SIMOL.

SIMOL es un proyecto que desde 2019 se instala en la comuna con la finalidad de impulsar el diseño participativo de un manual para fortalecer la participación de las comunidades locales en la gobernanza del agua en los territorios. Iniciativa llevada de forma conjunta por la Universidad de Concepción, la Unión Comunal de Agua Potable Rural y el Instituto Forestal (INFOR).

Durante la jornada, Walter Valdivia, investigador de sistemas productivos de SIMOL, se encargó de dirigir al equipo que levantó información georeferenciada general de la cuenca del Itata, enfocada en la comuna. Según el investigador llama la atención como “en los proyectos de alcance nacional y regional es valioso incluir a las necesidades de las comunidades además de los productivos, incorporando como usuarios del agua a la población”. Esperando de esta forma que “esta información sea una herramienta más para la toma de decisiones”.

Luego, Valentina Cisterna, quien enfocó su estudio en la localidad de Batuco, trabajó sobre el escenario de la aplicación de la nueva Ley de servicios sanitarios rurales, justo en cuando el comité se encuentra a punto de instalar su APR. Analizó también el cambio de paisaje, de uso de suelo y la crisis hídrica; además, realizó un contraste en cómo se percibe a la cuenca en sus usos productivos, versus, como fuente abastecedora de agua, lo cual se evidenció en lo fue el trabajo de restauración con INFOR.

Para la investigadora, lo más relevante del caso fue “la organización comunitaria local para la subsistencia, sustentada en la fuerza de sus dirigentas”.

La siguiente investigación se realizó en el sector Alto Centro, y fue llevada por Camila Vargas, encargada de publicaciones de SIMOL. Vargas realizó una revisión historiográfica del funcionamiento para el abastecimiento del agua en el sector.

Los resultados profundizan en los elementos externo e internos que afectan el buen funcionamiento del comité. Entre los externos destacan: la crisis hídrica y los conflictos de interés relacionados al agua, el mal funcionamiento del pozo de suministro, la falta de capacidad técnica y de supervisión de parte de la institucionalidad a cargo del agua. Y entre los internos: la falta de reconocimiento del trabajo de las y los líderes del agua y los conflictos internos de sus organizaciones.

Finalmente, Fabián Barría, abogado de SIMOL, centró su investigación en el sector Centro Cementerio. Según su investigación la escasez hídrica se evidencia en la baja de caudal evidenciada en que sólo logra captar el 17% de los derechos de agua otorgado, problema que se agrava año a año.
Cómo principales resultados se evidencian las diferentes percepciones del agua: para los comités el agua es un derecho, para el Estado y sus organismos se concibe como infraestructura, y para los gobiernos locales, municipalidad y servicios locales, se enfocan en una perspectiva ligada a lo económico.

Ya terminadas las exposiciones y después de debatir entre las y los asistentes, se levantó la necesidad de mantener un trabajo conjunto entre las dirigentes e instituciones presentes para avanzar en las adaptaciones necesarias para enfrentar la crisis. En este sentido y cerrando el espacio, la directora de SIMOL, Noelia Carrasco, enfatizó que la labor y también debe tener en vista a las oportunidades de la aplicación de la nueva ley de servicios sanitarios rurales.

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